La Contraloría General de la República decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, por presuntas irregularidades en contratos de kits escolares ocurridos en la vigencia 2015.
Como parte de la investigación realizada por la Contraloría General de la República sobre los recursos del Sistema General de Participaciones, ejecutados por la Gobernación de Boyacá durante la vigencia 2015, el ente de control fiscal abrió proceso de responsabilidad al ex gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, quien hoy se desempeña como Contralor Distrital de Bogotá.
Las irregularidades detectadas corresponden a dos contratos firmados con dos fundaciones para la prestación de servicios educativos a los colegios oficiales del departamento.
Ambos contratos sumaron 5.552 millones de pesos que se pagaron, pero a pesar de ellos no sólo no se entregaron los materiales contratados por fuera de las condiciones estipuladas en dichos contratos, sino que además se comprobó “el incumplimiento de los perfiles de los facilitadores y la inobservancia de la reglamentación establecida por la Secretaría de Educación para el reporte de información y entrega de materiales a supuestos estudiantes no registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil – SIMAT”, informó la Contraloría.
Al igual que en otros departamentos, en Boyacá también se encontraron estudiantes ‘fantasma’, es decir que no estaban registrados en el sistema de educación departamental, pero que si fueron contabilizados para pago dentro de los contratos.
Las fundaciones en cuestión son la Fundación Itedris y la Fundación Lumiere. La Contraloría General evidenció adicionalmente subcontratación por parte de una de estas fundaciones, por lo que a cuestionó “los criterios de selección del contratista usados por la Gobernación, que terminó contratando una Fundación que no operó el programa”.
También se comprobó la entrega incompleta de los kits educativos contratados. Por ejemplo, dice la Contraloría, “se dejaron de entregar 1.839 unidades, afectando directamente a 613 estudiantes”.
Así las cosas, y de acuerdo con lo establecido por la misma Contraloría General, al proceso de responsabilidad fiscal abierto tras la investigación, se vincula a las fundaciones contratistas, al Supervisor de los contratos Guillermo Palmiro Cortés Páez, a la entonces Secretaria de Hacienda de la Gobernación, María Anayme Barón Durán, y al entonces gobernador, Juan Carlos Granados, “que en su condición de ordenador del gasto habría desatendido su deber de vigilancia y control al desarrollo de los contratos”.
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